Puertas adentro, el Gobierno debate qué hacer con el Grupo Indalo de Cristobal Lopez, el empresario patagónico que construyó un imperio con los impuestos que jamás le pagó al Estado nacional. ¿Debe permitir o incluso alentar su quiebra? ¿O involucrarse en un salvataje con la esperanza de recuperar al menos parte de los $ 10.000 millones que le debe al fisco y preservar miles de empleos directos e indirectos?
El debate llega hasta la cúspide del poder. El presidente Mauricio Macri quiere que el Grupo Indalo sea un caso testigo y que se castigue a López y a su socio, Fabián de Sousa, como evasores y protagonistas de un fraude al Estado junto al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Su primer impulso fue ir por la quiebra del holding, aunque comprende cuáles serían las consecuencias laborales y económicas de apretar las clavijas.
A su alrededor, funcionarios como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores, José Torello, y el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, dividen opiniones y abordajes. Pero hay un punto en el cual coincide la mayoría: desconfían de Ignacio Rosner, el financista que reemplazó a López y a Fabián de Sousa al mando del Grupo Indalo.
¿Cuáles son las dos opciones dominantes? La primera, dejar -o incluso alentar- que quiebre la petrolera Oil Combustibles y arrastre al resto del Grupo Indalo, para que la Justicia venda los activos que sean atractivos -como la planta fluvial de Oil y sus muelles sobre la hidrovía del Río Paraná- y reparta entre los acreedores el dinero que se recupere, aunque exista un riesgo cierto de que el Estado jamás pueda recobrar el 100% de los más de $10.000 millones en impuestos, multas e intereses adeudados que acumuló el holding.
El presidente Macri se encuentra entre los que apoyan esta opción. «Quiere que quiebre todo», indicó un alto funcionario de la AFIP, que complementó así la visión que aportó un íntimo colaborador de Rosner. «Mauricio, el calabrés, quiere matarlo a Cristóbal».