viernes , diciembre 9 2022

La corrupción de ADP: Marita Cerezo actual Tesorera y compañera de formula de Mazzone, fue imputada en 22 causas por Administración fraudulenta y estafas reiteradas.

A pocos días de las elecciones en el gremio docente de ADP, crecen las denuncias por fraude en la elección anticipada de voto por correo que realiza este gremio. en las localidades mas alejadas de la provincia de Salta, en donde el oficialismo, parece haber diagramado un método, para evitar el control adecuado de la lista 5, Lista opositora a la actual conducción de ADP. Los candidatos de la oposición, realizaron las denuncias por adulteración en los padrones, en donde también se incorporó a personas que sin ser docente, fueron habilitadas para votar, lo que resulta violatorio a las normas que rigen para el estatuto de la Asociación docente Provincial.

No obstante a las irregularidades denunciadas en el marco de las elecciones del próximo 24 de Abril. Varios miembros de la actual Comisión Directiva están seriamente cuestionados por hechos de corrupción ocurridos a lo largo de estos años, en esa institución. Tal es el caso de Marita Cerezo, actual Tesorera y que además se postula para el mismo cargo acompañando a Fernando Mazzone como Secretario General, por la lista 2 Celeste. Cerezo enfrenta un duro proceso Judicial en 22 causas por los delitos de  administración fraudulenta y estafas reiteradas en concurso real y en calidad de coautora.

La principal causa esta relacionada a la del Fideicomiso, «Virgen de Urkupiña» para la construcción de 23 viviendas, que tenían 110 aportantes al proyecto y ya llevaba una demora de 2 años, pero no hubo ninguna terminada, ni alcanzaba la plata recaudada para pagar avances de obra. En la investigación penal que lleva adelante la fiscal Ana Ines Salinas Odorisio, quien ya solicitó al juzgado de Garantías de 2da nominación, la elevación a juicio, por Administración fraudulenta y y estafas reiteradas, cometidas por Ana Maria Cerezo (Marita) y y en la misma causa a la ex Secretaria General, Patricia Argañaraz.

En cuanto al manejo de fondos de la ADP a cargo de Cerezo, la Justicia encontró que respecto al estado de situación patrimonial correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2018, se informó sobre un préstamo otorgado al Fideicomiso V Urqupiña por $3.900.000, que según los testimonios “era plata que derivaba la ADP al fideicomiso, con transferencias entre cuentas o retiros de efectivo. Cerezo transferia directamente desde la cuenta de la ADP, a la constructora el dinero”. La ADP se nutre de cuotas de los docentes, ingresos de hostales y camping y de la farmacia, y “el fideicomiso tenía ingreso de las cuotas que pagaban los docentes según el tamaño de la casa que había elegido”.

De los informes bancarios surgió que el Fideicomiso recibió fondos desde la cuenta de ADP desde el 23 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2018, por una suma de $5.997.400, a pesar de que sólo existió autorización para dos transferencias, por $1.400.000 y $2.500.000. También se registraron transferencias desde la cuenta bancaria del fideicomiso Virgen de Urkupiña I a la empresa constructora CEYBA, la cual no tenía la obligación contractual de realizar una obra de esas características, conforme surge del contenido del contrato firmado y su addenda-

El fiscal sumó en su decreto de imputación que se observaron “transferencias de dinero de los afiliados a una entidad privada ajena, por fuera del régimen legal previsto en su conformación y sobre la cual, los imputados poseían intereses distintos a los propios de la función gremial”.  Tanto es así que se utilizaron oficinas y servicios de empleados de la ADP o afectados al gremio, para realizar tareas del Fideicomiso, pero pagando sus sueldos con dinero de la ADP. 

Además, los imputados percibieron dinero, por medio de transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo, de varios de los afiliados del gremio que se constituyeron en fiduciantes CLASE B (en su mayoría docentes y jubiladas), quienes depositaron un monto al firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente y otros en concepto de cuotas, confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la construcción de una vivienda que se iba a edificar. El fiscal Leandro Flores no descartó una eventual ampliación de la imputación, en orden al análisis de los contenidos de la denuncia, las declaraciones testimoniales y de otros elementos que puedan sumarse durante la investigación.

fuente: Sitio oficial del Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Salta.

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