Se trata de la organización ilícita dedicada a proveer medios a sus clientes para evadir cargas fiscales. El caso llamó la atención por lo aceitado de su operatoria y los millonarios montos.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la Jefa de la División Jurídica de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI el 28 de septiembre del 2010, que daba cuenta de una serie de maniobras ilícitas consistentes en la utilización de créditos de libre disponibilidad ilegales y ficticiamente obtenidos para el pago de obligaciones, por parte de contribuyentes que registraban deudas ante el fisco.
Durante la investigación, la DGI detectó a treinta y cuatro contribuyentes beneficiarios con el perfil de falso vendedor/prestador, otros tres que reiteradamente actuaron como falsos compradores, a los que identificó como Mario Aguilera; José María Thomas y Germán Diego Carrizo, quienes generaron retenciones por las suma de $5.215.323,06; $1.021.795,00 y $67.335,00, respectivamente. De la investigación se desprendió que el contador Eduardo Aguilera habría sido quien se encargó de generar la mayor parte de la documentación apócrifa que fue utilizada para documentar el engaño, que fue comercializado por los CPN Víctor Esteban Palomino Zitta, Javier Cardozo y Aguilera.
En el dictado del procesamiento, el juez federal Julio Bavio decidió no hacer lugar a los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de Aguilera a y por el abogado del imputado Romero, y procesar a Víctor Esteban Palomino Zitta como autor del delito de simulación dolosa de pago agravado por la pluralidad de intervinientes, reiterado en nueve oportunidades, y convertir en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo.
Los principales imputados de la causa son: Víctor Esteban Palomino Zitta, Eduardo Alejandro Aguilera, Javier Alejandro Cardozo, José María Thomas, Mario Franco Aguilera, Javier Ramos Navarro, Odorico Romero, Luis Villafañe, Estanislao López y Cristián Ehlert. En relación al imputado Palomino Zitta, se comprobó que practicó nueve hechos de simulación dolosa de pago, para lo cual planificó falsas operaciones de compra venta por un valor casi de veintinueve millones de pesos, con las que Aguilera y Thomas retuvieron más de seis millones de pesos los que fueron utilizados para el pago de obligaciones fiscales por un valor cercano a los cinco millones de pesos.
Por su parte, el contador Eduardo Alejandro Aguilera, intervino en treinta y cuatro hechos de simulación dolosa de pago, y generó falsa documentación para avalar inexistentes operaciones de compra venta por un valor casi de cuarenta y seis millones de pesos, con las que Aguilera, Thomas, Villafañe, Fernando González y Germán Carrizo, retuvieron más de nueve millones de pesos, utilizados para la simulación del pago de obligaciones fiscales por un valor superior a los seis millones de pesos.
Javier Alejandro Cardozo participó en nueve hechos de simulación de pago, para lo cual planificó falsas operaciones de compra venta por un valor de casi ocho millones de pesos. De Mario Franco Aguilera, se demostró que participó en el 76.28% de las falsas operaciones como falso agente de retención, por un monto de más de siete millones de pesos.
En relación con Luis Alberto Villafañe, el rol que cumplió era la de facilitar sus datos personales a fin de los autores del engaño lo utilicen como usina de crédito fiscal para disminuir el débito fiscal correspondiente a los beneficiarios y de esta manera disminuir el impuesto a pagar. La participación de Juan Carlos Costilla Campero, fue la de colaborar con los imputados aportando información sobre algunos de los contribuyentes denunciados, en función del conocimiento que tenía como funcionario de la AFIP, especialmente en su rol de inspector del área Fiscalizaciones de la DGI.
Fuente: Informate Salta
